LA LEY 3DE3 | Sociedad vs Políticos.

3 DE 3 SENADO

Desde hace varios años se ha hablado de la gran problemática que genera la corrupción en México y por ello se comenzó a trabajar en un Sistema Nacional Anticorrupción por parte de los legisladores, lo que nunca se imaginaron es que la ciudadanía iba a levantar la mano y la voz para trabajar y participar activamente en las propuestas y en el seguimiento a los trabajos realizados en el Senado de la República.

En primer lugar, la ciudadanía y algunas organizaciones de la sociedad civil lograron algo sin precedentes, obtener más de 600 mil firmas para apoyar la iniciativa «3 de 3», pero no fue suficiente.

Sin duda este activismo por parte de la ciudadanía se debe al hartazgo de ver la forma en cómo actúan algunos políticos, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 órdenes de gobierno y los casos que cada vez indignan más, casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa Blanca son solo algunos ejemplos donde no se ha podido o no se ha querido comprobar la corrupción o la impunidad.

Según un estudio presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los costos de la corrupción afectan tanto las inversiones como el PIB, como ejemplo los siguientes datos:

  1. Inversión: Hasta 5% menor en países con mayor corrupción (FMI).
  2. Ingreso de las empresas: Pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernst & Young).
  3. Piratería: Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP).
  4. Producto Interno Bruto: 2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y Forbes), 10% (CEESP).

Ley 3 de 3.

Lamentablemente en la madrugada del pasado 15 de junio se analizó y se votó la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Senado de la República y se aprobó en lo general con 94 votos a favor y 23 en contra, digo lamentablemente porque en su contenido lleva la famosa «Ley 3 de 3», que obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero les permite no hacer públicos algunos datos privados, es decir, se aprobó de una manera en la que algunos funcionarios seguirán sin rendir cuentas a la ciudadanía.

La intención de las bancadas del PAN y el PRD era aprobar junto con los senadores independientes una reserva para modificar el artículo 29 y darle apertura a los formatos de la declaración que incluía la llamada «3 de 3», pero perdieron la votación para modificar el artículo con 59 votos en contra, los cuales fueron por parte de Senadores del PRI, Partido Verde Ecologista de México, 50 votos a favor y la abstención por parte de la senadora del PT, la exatleta sonorense Ana Gabriela Guevara, es decir, solo faltaron 9 votos.

Lo que se aprobó después de la medianoche fueron las reservas propuestas por el senador del Partido Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, para ampliar el catálogo de sujetos obligados y formaliza el adendum al artículo 29 propuesto por el PRI y el PVEM que propone que «las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución», para ello el Comité Coordinador, por medio de una propuesta que realizará el Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos que garanticen que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades, lo que significa que a pesar de que será un Comité Ciudadano, los formatos podrán ser diferentes a los de la iniciativa ciudadana y con algunas reservas.

Otra de las modificaciones que causa polémica es la del artículo 32, donde señalan que están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las Secretarías y órganos internos de control de conformidad con lo previsto en los puntos siguientes:

  1. Los servidores públicos; cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios.
  2. Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
  3. Los particulares deberán presentar las declaraciones ante el órgano interno de control del ente público que le haya asignado los recursos o con el que haya contratado.

Será muy complicado delimitar quién deberá hacer el 3 de 3, cuando en una empresa son varios socios aunque sean minoritarios, es difícil que se pidan declaraciones a todos los socios, tal como lo comentó Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX nacional.

La senadora del PAN, Marcela Torres, comentó que al permitir que sea el Comité de Participación Ciudadana el que emita los formatos será como abrir la posibilidad de que sea la Suprema Corte de Justicia quien defina qué es público del patrimonio de un funcionario y qué no.

Sin duda, podemos hablar de una aprobación «mediática» ya que el fondo de la propuesta que firmaron más de 600 mil personas en todo el país, quedó fuera y no será obligatoria la presentación del 3 de 3 o habrá oportunidad de evitarlo por parte de los servidores públicos.

Al menos los dos senadores del PRI por Jalisco, Arturo Zamora y Jesús Casillas, votaron a favor de aprobar la Ley de Responsabilidades pero votaron en contra de la Ley 3 de 3 para hacer pública la declaración.

Algunos senadores prefirieron ausentarse y no emitieron su voto, tal vez para evitar el «costo político» y que su nombre apareciera en la lista de los que votaron en contra de la iniciativa 3 de 3, como por ejemplo, el senador del Partido Acción Nacional, José María Martínez Martínez que estuvo presente en la sesión, pero se ausentó poco antes de que se llevara a cabo la votación, supuestamente por motivos de salud.

Los senadores decidieron que el periodo extraordinario se llevara a cabo después de las elecciones, tal vez porque ya sabían su postura ante la Ley 3 de 3 y buscaban evitar el costo político que hoy la ciudadanía les está cobrando, ahora con los resultados habrá que esperar a las elecciones del 2017 y sin duda las del 2018.

Tal vez se pueda culpar al PRI y al PVEM pero también son responsables los senadores que no votaron por inasistencia o Ana Gabriela Guevara que se abstuvo, aunque se les debe reconocer el haber aprobado 5 de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que sin duda es un gran avance, ahora hay que aplicarlas.

Alfredo Ceja

Comunicación • Política • Seguridad

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