SEGURIDAD PÚBLICA: Ayotzinapa, tema en la ONU

Mucho se ha hablado de la inseguridad en México y los recientes hechos ocurridos en Iguala y en Tlatlaya apuntan a que la violencia está desbordada en nuestro país.

Si bien esta noticia ha dado la vuelta al mundo, por otro lado un estudio anual de Latin Consultores afirmó que la tendencia en homicidios ha ido a la baja en nuestro país, ya que en 2014 se registraron 8004 homicidios relacionados con el crimen organizado, un 28% menos que el año anterior. Esta cifra es la más baja desde 2009 y casi la mitad del número en 2011.

Ante estas cifras, el especialista en Seguridad Nacional, Alejandro Hope, comentó que “la disminución es una buena noticia, pero aun así sigue en un nivel espantoso. El número total de homicidios, cerca de 20 mil, es similar al de todos los países europeos juntos, es un 50% más que Estados Unidos y nueve veces la tasa de la OCDE”, lo cual, a pesar de que las cifras hayan disminuido, estamos muy lejos de lo deseable.

Paradójicamente, Guerrero es el estado que aparece como foco rojo en cuestión de seguridad, no por el caso de los normalistas desaparecidos, sino por los números en general que llevan años preocupando a la población y que seguramente cobrarán factura a los gobiernos actuales, ya que este año hay elecciones.

IGUALA EN GINEBRA

Tanta relevancia ha adquirido el caso de los 43 normalistas desaparecidos, a nivel internacional, que las puertas de la ONU en Ginebra fueron abiertas para recibir una delegación mexicana con la finalidad de revisar el caso.

Una delegación mexicana conformada por los padres de algunos de los normalistas desaparecidos, miembros de organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Centros de Derechos Humanos de Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., acudieron a Ginebra, Suiza, con la finalidad de pedir al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU que exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso.

Dentro de las declaraciones que han dado estos organismos de la sociedad civil afirman que el Estado mexicano es incapaz de erradicar la desaparición forzada en México y eso mismo fue lo que declararon ante la ONU.

En el documento que dichos organismos entregaron al Comité de la ONU se menciona lo siguiente: “el caso muestra que el Estado no es capaz de erradicar la desaparición forzada, que el país enfrenta una grave crisis en esa materia”, asimismo solicita “un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso”.

De igual manera denunciaron que “las investigaciones empezaron con ocho días de retraso y la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada sino por el delito de delincuencia organizada”, lo cual impide que algunas instancias participen en las investigaciones.

Una de las confirmaciones de más impacto fue que declararon que la PGR haya cerrado el caso sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, así como no haberse esperado para conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el rumor que el caso se iba a cerrar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró lo contrario y negó que se haya cerrado el caso, debido a que todavía quedan personas en libertad implicadas en los hechos.

Ante estos pronunciamientos, el Gobierno de México en la misma reunión reconoció algunos retos que debe superar en la materia y pidió un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos.

Por parte del Gobierno de México asistieron la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo quien comentó que el Gobierno de México “reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”.

México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, por lo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofreció su total respaldo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para recuperar liderazgo en la materia.

Durante su participación en Ginebra, Gianni Magazzeni comentó: “La voz del nuevo ombudsman mexicano cuenta con toda la autoridad moral y afronta un contexto desafiante, como ocurre con el Caso Iguala, desde finales del año pasado, que resulta doloroso pero al mismo tiempo representa una gran oportunidad para los derechos humanos en México”.

La CNDH comentó en un comunicado que ambas partes acordaron continuar con la coordinación a través de Javier Hernández, quien es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Por su parte, el gobierno federal se comprometió a que para junio, a más tardar, contará con una ley general enfocada a este tema ya que “La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura en junio”.

Posteriormente en conferencia de prensa, los activistas comentaron que el Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU tomó en cuenta los testimonios de padres de familia y coincidió que si existe una crisis humanitaria y que Ayotzinapa no es un hecho aislado.

Ante lo ocurrido y la crueldad de los hechos que hasta hoy se siguen investigando, los familiares hicieron la petición para que un relator de tiempo completo diagnostique la gravedad del problema de desapariciones forzadas en México.

Habrá que ver los resultados del viaje, por lo pronto lograron algunos acuerdos, pero no se ve como prioridad para el gobierno federal continuar por un periodo largo las investigaciones y resolver totalmente el caso o por lo menos saber qué pasó con los 43 estudiantes.

IFAI Y SEDENA

Si bien la noticia ha hecho ruido a nivel internacional, no es solamente un asunto mediático, sino que conlleva otros factores que intervienen directamente y por ello también en México se están tomando cartas en el asunto.

Ante la insistencia de los padres de los normalistas sobre la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los normalistas y que posiblemente los tengan retenidos en algún cuartel militar, un particular solicitó ante el IFAI la información que ha obtenido la SEDENA sobre el caso.

Dicha petición fue aprobada y el IFAI instó a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar los registros y reportes que tenga en su poder sobre la desaparición de los 43 normalistas.

De ser cierto lo que especulan los padres de los normalistas, sobre que sus hijos están escondidos en algún cuartel militar y con la presente resolución del IFAI que nos mostrará datos precisos, posiblemente tengamos resultados más favorables y certeros.

Sin duda la presión internacional puede ser clave en la resolución del caso, buena estrategia de los padres al haber acudido ante la ONU y gran respuesta de la ONU al haberlos recibido, ahora falta ver la voluntad del Estado mexicano para responder lo que se proponga, porque sin duda el caso no está cerrado y la verdad no puede ser histórica todavía.

Alfredo Ceja

Comunicación • Política • Seguridad

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