SEGURIDAD PÚBLICA | Impunidad y corrupción: reto al Gobierno

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de impunidad es: «falta de castigo» y la definición de corrupción es: «_Der._ En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores».

Esos son dos de los principales problemas que tiene el Estado mexicano, ambas prácticas son las que dejan que el país no crezca económicamente y que la sociedad se desarrolle de manera adecuada.

Es cierto que para que se dé esta práctica, depende de dos personas y no nada más del funcionario, pero si no existiera quien dé la «mordida» no habría quien la recibiera, pero en México es preocupante el tema y seguir escuchando frases como «el que no transa no avanza».

Índice global de impunidad

La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) realizaron un estudio en el que midieron los niveles de impunidad que se presentan en 59 países miembros de la ONU. El estudio se realizó solamente con 59 países debido a que se contaba con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Lamentablemente así como México apareció en el lugar 144 de 162 países en el Índice de Paz Global, hoy en día nuestro país aparece en el lugar 58 de 59 en el Índice Global de Impunidad, sólo por debajo de Filipinas, aunque cabe mencionar que el total de países integrantes de la ONU son 193.

México no está cerca de estar en los primeros lugares que ocupan países como Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria.

En la presentación de dicho documento que se llevó a cabo en la Segunda Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el investigador Juan Antonio Le Clercq Ortega comentó que la impunidad «es un fenómeno que corre en paralelo a la inseguridad, violencia y corrupción que los retroalimenta y multiplica en sus consecuencias para una sociedad».

En el mismo documento se hace mención que México se encuentra «a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia», pero hay dos aspectos que debe atender:

  • La funcionalidad de su sistema de seguridad.
  • Estructura del Sistema de Justicia.

Lamentablemente estos dos temas desde hace tiempo son vitales para una mejor impartición de justicia en el que Jalisco no está bien ubicado. Según el IMCO, Jalisco ocupa el lugar 31 de imparcialidad de los jueces, lo cual hace que la imagen del estado sea negativa.

En la misma presentación el investigador mencionó que «respecto a la funcionalidad del sistema de seguridad es necesario optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad» y en el documento se menciona que «en México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones».

Lamentablemente en México muchos de los jueces se corrompen fácilmente y por ello no hay certeza jurídica y el estudio revela que en México es necesario contar con mayor número de jueces, ya que actualmente hay 4 juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando en otros países el promedio es de 17.

Un claro ejemplo de lo que podría ocurrir si existieran más jueces y menos corrupción es Croacia. Este país obtuvo el primer lugar en el Índice Global de Impunidad y casualmente cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

La ventaja de contar con mayor número de jueces es porque impactaría en el número de juicios que se llevan a cabo e incidir en la reducción del número de reclusos en espera de sentencia, que según el estudio es el 46% de los detenidos, lo que implicaría también en aminorar la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

En cuanto a número de policías, en el estudio se menciona que México cuenta con los elementos necesarios para hacer frente a la problemática, ya que en México hay 355 policías por cada 100 mil habitantes y en otros países es de 322 por cada 100 mil habitantes.

El problema, entonces, no es la falta de policías, sino la capacitación y las condiciones de trabajo que tienen, no son adecuadas las largas jornadas de trabajo que tienen los elementos debido a la baja en el rendimiento que pueden tener. Un policía no debe trabajar 24 horas continuas, a cualquier persona que se le haga trabajar jornadas tan largas, a partir de las 12 o 14 horas el rendimiento no es el mismo, y en un trabajo donde se necesita estar alerta el riesgo es mucho mayor, no solamente por la falta de reacción sino por la misma integridad de los elementos que en el momento de enfrentar alguna situación grave de seguridad, la forma de actuar y reaccionar no va a ser la misma.

También se debe tomar en cuenta que los sueldos de los policías no son los mejores y con esas largas jornadas, los policías lo que menos tienen es un incentivo lo que hace aún más difícil su desempeño.

Las autoridades, antes de preocuparse por buscar contratar más policías, deben ocuparse en mejorar las condiciones de trabajo que tienen actualmente, porque es gracias a esa falta de incentivos y condiciones de trabajo que son fácilmente corrompidos por el crimen organizado y frecuentemente en las detenciones de bandas de secuestradores, extorsionadores o del crimen organizado vemos que por lo menos uno o dos participan o participaron en alguna corporación policiaca, lo cual hace que la población desconfíe de la autoridad en el momento que es víctima de algún delito.

Mucho trabajo tienen por hacer las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, porque de seguir la problemática de corrupción e impunidad que se presenta en dichas áreas, la inseguridad va a seguir creciendo, siempre «protegida» por estas dos «prácticas» negativas que llevan a cabo algunos funcionarios públicos y que es bien aprovechada por los delincuentes.

Es hora de poner en práctica realmente la tan anunciada Ley Anticorrupción y se deben dar muestras de firmeza, no solamente es detener a los delincuentes, es todo un proceso de readaptación, de nada sirve que el gobierno federal detenga a Elba Esther Gordillo si gran parte de su proceso lo ha llevado cómodamente desde un hospital.

De nada sirve detener a más de 90 presuntos delincuentes que forman parte de 122 objetivos, si el principal objetivo se escapa de un penal de supuesta «máxima seguridad» que fue vulnerado por la corrupción que entró y salió pero por la puerta principal y lo más preocupante es que el Gobierno Federal diga que es imperdonable pero no se castigue o cese a ningún funcionario de alto nivel como secretarios o subsecretarios.

Alfredo Ceja

Comunicación • Política • Seguridad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.