SEGURIDAD PÚBLICA: La verdad histórica de la PGR

Al parecer para el gobierno federal el tema Ayotzinapa no debe estar por más de 5 meses en la opinión pública, y antes de que esto sucediera decidieron informar lo que han venido diciendo desde el principio de la investigación, que los estudiantes fueron asesinados, calcinados y tirados a un río.

En conferencia de prensa, el pasado martes 27 de enero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que hay elementos suficientes para que exista certeza legal de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en septiembre pasado.

Toda la información con la cual pretenden dar por concluida la investigación, a pesar de que faltan declaraciones y detenidos, se obtuvo con la declaración de Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», recientemente detenido el 16 de enero, señalado como uno de los autores materiales de los asesinatos.

Dentro de los resultados que ha dejado la investigación hasta el momento, está lo siguiente según lo comentó Murillo Karam: «39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes a ratificar los hechos aquí señalados. Esto y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden, esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia».

LA VERDAD HISTÓRICA ¿SERÁ VERDAD?

Bastante polémica ha sido la frase utilizada por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, «la verdad histórica de los hechos», tratando de concluir de manera contundente con los hechos ocurridos, aunque ha comentado que faltan acciones todavía por hacer, ya que hay varios implicados que siguen en libertad.

Por lo pronto, para los padres de los estudiantes normalistas «la verdad histórica» de Murillo Karam significó «una mentira más en el caso», ya que hasta el momento siguen como desde el 26 de septiembre, sin saber dónde están sus hijos.

El presidente Enrique Peña Nieto, en un acto con académicos, declaró que el caso es una tragedia en la que debe haber justicia, aunque llamó a que el país siga adelante. «No podemos quedarnos ahí», comentó el presidente en el mismo evento, donde el rector de la UNAM le pidió «que no haya indiferencia en el caso Ayotzinapa», tal vez por el temor de que al «confirmar» la muerte de los estudiantes, se podría dejar la investigación en el cajón de los casos olvidados como la matanza del 68, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por mencionar algunos y que los culpables no sean castigados.

Falta de voluntad política, falta de capacidad tecnológica o falta de investigación sean tal vez los problemas con los que se enfrenta el gobierno federal para poder solucionar la desaparición de los normalistas, posiblemente sea cierta la versión pero los padres no la van a creer hasta no tener la certeza de dónde están sus hijos y por qué sucedió esta tragedia.

Tener involucrada a la policía de algunos municipios de Guerrero y la relación tan directa que tenían con grupos del crimen organizado, tener detenido solamente al expresidente municipal de Iguala y no al de Cocula o al exgobernador Ángel Aguirre, sólo demuestra dos cosas, corrupción e impunidad.

Sólo el tiempo dirá si la investigación fue la correcta y las acciones fueron las adecuadas ya que todavía hay personas prófugas, esperemos sean detenidas y no se vea opacado el tema por el proceso electoral en Guerrero, para que realmente se sepa lo que sucedió y los padres tengan la certeza de lo que pasó con sus hijos.

Sin duda, es inaudito que el PRD esté pensando en postular al hijo de Ángel Aguirre para la alcaldía de Acapulco, siendo que su padre no pudo terminar con la encomienda para la que fue electo, será interesante ver si el rechazo y la inconformidad de los guerrerenses influyen en el electorado de Acapulco.

CÓDIGO DE ÉTICA: CCE

El pasado martes 27 de enero, justo el día en que se «confirmaba» la muerte de los normalistas, el Consejo Coordinador Empresarial presentó un Código de Integridad y Ética Empresarial, el cual podrían prestar a algunos políticos guerrerenses para que lo apliquen en la vida diaria y actúen en pro de la ciudadanía.

El Código contiene 12 principios que buscan combatir actos de corrupción, abonar a la transparencia y la legalidad en el sector privado, pero es necesaria la aprobación de una Ley Anticorrupción para castigar malas prácticas y así elevar el rango del Código y que pueda ser vinculante.

Miguel Ángel Corro, profesor del Tec de Monterrey, comentó lo siguiente: «No es un reglamento, el hecho de no cumplir con el Código no conlleva a una multa. La sanción es más bien moral. Son elementos que contribuyen a mantener la discusión sobre la necesidad de tener una Ley Anticorrupción».

Muy activo ha estado en los últimos meses el Consejo Coordinador Empresarial, desde que en noviembre pasado propuso que se firmara un Pacto para el Fortalecimiento de las Instituciones del Estado Mexicano, a lo que días después el Presidente de la República accedió y convocó a una alianza con los distintos sectores nacionales para anunciar y firmar el pacto.

Asimismo, el pasado 20 de enero el CCE emitió un comunicado en el que solicitaba lo siguiente: «El Gobierno mexicano y sus instituciones de procuración e impartición de justicia tienen la obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. No debe haber cabida a la impunidad», cabe resaltar que las acciones llevadas a cabo por el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, han sido apoyadas también desde Jalisco por Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Gran labor de unidad está realizando la iniciativa privada con este tipo de acciones, ya que es una forma de solicitar y exigir a los gobernantes que realicen el trabajo para el que fueron electos. El gobierno federal debería hacer lo mismo con los gobernadores y los presidentes municipales, mostrar unidad y ver en pro de la ciudadanía y no en pro de ganar una elección.

Alfredo Ceja

Comunicación • Política • Seguridad

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