SEGURIDAD PÚBLICA: Ley anticorrupción y cambios en el gabinete

Después de tantos escándalos de corrupción que se han dado en nuestro país, como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la Casa de Luis Videgaray, la línea 12 del metro en DF y José Murat, por mencionar algunos, han provocado que se vea el tema de combate a la corrupción como un asunto prioritario del gobierno federal.

Dichos casos no han sido exclusivos de esta administración o de algún partido político en especial, pero los que han ocurrido recientemente provocaron que se presentara una iniciativa de reforma constitucional el pasado 2 de diciembre que era impulsada por el PRI y por el PVEM, que fue aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados el pasado jueves 26 de febrero, aunque se aprobó fuera de tiempo ya que debía ser votada desde el pasado 8 de febrero.

Antes de su aprobación existieron distintos posicionamientos y análisis por parte de actores involucrados en el tema, por ejemplo se pronunciaron organismos como el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, A.C. y Artículo 19 no tan favorablemente.

 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

La iniciativa que tiene como objeto central la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue minuciosamente trabajada y negociada por los distintos partidos, pero sobre todo por el PRI y el PVEM, que con personajes con la experiencia de Manlio Fabio Beltrones lograron convencer a partidos de oposición como el PRD que actualmente preside la Mesa Directiva con Silvano Aureoles y así poder dar curso a la iniciativa para que sea también aprobada en el Senado de la República. Fue el mismo Beltrones quien reconoció la capacidad de Silvano para construir acuerdos.

Dentro de los cambios más significativos fueron el castigo a particulares y a empresas que incurran en actos de corrupción, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda suspender actividades, disolver o intervenir en una empresa cuando se trate de faltas administrativas graves que perjudiquen a la hacienda pública o a los entes públicos de los tres niveles de gobierno.

Se modifican artículos constitucionales como el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 que tienen como objetivo definir las tareas de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción.

De igual manera definen las tareas de los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y de los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo la ley aprobada incluye mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, ya que se elimina el principio de anualidad para que pueda auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no solamente públicos sino también privados, siempre y cuando manejen recursos federales. Este organismo también fiscalizará a órganos autónomos y habrá informes individuales.

Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Se podrán imponer sanciones a particulares que tengan relación con actos de corrupción y que podrán causar que sean inhabilitados para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa y la obligación de reparar los daños del erario.

Uno de los cambios más importantes es la modificación al Artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea menor a 7 años.

Uno de los puntos que causó mayor controversia y enfrentamiento entre los coordinadores de las bancadas es en la que se establece que los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito, pueden ser objeto de aplicación de la extinción de dominio, la cual será independiente de la responsabilidad penal del delito cometido.

Asimismo los servidores públicos no solamente tendrán qué publicar su declaración sino también dar a conocer algunos conflictos de interés que se puedan ver reflejados en su ámbito laboral.

Una vez aprobada la Ley Anticorrupción en la Cámara de Diputados, ahora es el turno del Senado para analizarla y de ser posible aprobarla para que sean entonces los congresos locales los que la voten y aprueben y así, cuando más de la mitad de los congresos la aprueben, podamos hablar de un Sistema Nacional Anticorrupción.

 

CAMBIOS EN PGR Y CAE «LA TUTA»

Arely Gómez

Sin duda, alguien que prometía tener una participación activa en la revisión en el Senado sobre la Ley Anticorrupción era la senadora Arely Gómez, del PRI, quien presidía la Comisión de Transparencia y era Secretaria de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, pero el destino le tenía una tarea de mayor responsabilidad como es estar al frente de la Procuraduría General de la República.

El pasado viernes 28 de febrero, el Presidente de la República propuso al Senado la ratificación de Arely Gómez para ocupar el cargo que deja vacante Jesús Murillo Karam quien se convertirá en Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano debido a que Jorge Carlos Ramírez Marín buscará una candidatura plurinominal como diputado federal y fue justo ese día cuando se da la sorpresiva noticia de la detención de Servando Gómez Martínez «La Tuta», en Morelia, al parecer el último líder templario en Michoacán. Habrá qué esperar los reacomodos en el estado y ver si salen más videos de «La Tuta» con políticos del estado vecino.

Fue necesario que se acercara la jornada electoral para que el Presidente de la República se decidiera a hacer cambios en el gabinete, un cambio que tal vez se esperaba desde que ocurrieron los hechos de Iguala, Guerrero y también para que se diera la detención de «La Tuta», después de que Alfredo Castillo no pudo lograrlo.

Esperemos que el cambio sea para bien y no sólo una estrategia política, es necesario que en México se cumpla la ley y exista Estado de Derecho para así poder sancionar a quien participe en actos de corrupción, de igual manera se necesita que la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo y no se limite en sus investigaciones.

Mucho trabajo tendrá la nueva procuradora, quien resulta ser hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez, por lo que no será fácil la bienvenida para Arely Gómez, ya que seguramente algunos grupos se opondrán por su relación directa con un ejecutivo de Televisa, a pesar de la capacidad probada que tiene la senadora con licencia y que no llega a ese cargo por la influencia de Televisa, sino por la trayectoria académica y profesional que tiene.

Alfredo Ceja

Comunicación • Política • Seguridad

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